COLUMNA DOMINICAL
TRIBUNAL SOCIAL
Por: Julián David Rincón Rivera (Colombia)
Correo electrónico: rinconriverajulian@gmail.com
Un hombre permanece solo frente a una multitud que lo señala, mientras cámaras y micrófonos simbolizan el peso del juicio mediático. Una representación del «tribunal social», la estigmatización pública y las consecuencias de emitir condenas antes de que la justicia establezca responsabilidades. / Ilustración generada con inteligencia artificial para la columna dominical «Tribunal Social», de Julián David Rincón Rivera (Colombia). Escritores Rebeldes — Revista Digital.
«No todos los muertos de un crimen aparecen en el expediente». – Belisario Valbuena.
En el lanzamiento del libro La mente del depredador: perfilando los asesinos que estremecieron a Colombia, conocí a Belisario Valbuena. Un hombre pequeño, menudo, poco llamativo, un tanto insignificante. Estaba escondido detrás de la sombra del gran periodista y presentador Rafael Poveda. Rafael era el elocuente, el extrovertido, el que tenía el don de la palabra, del convencimiento, la desenvoltura y la comunicación. Belisario, por su parte, parecía más tranquilo, reservado y prudente. No encajaba en la escena, no cuadraba en el escenario. No parecía ser ese hombre inteligente y capaz que describía Rafael. Sin embargo, cuando le llegó el turno de hablar, me demostró que su apariencia no tenía necesariamente que revelar la eminencia que era.
Belisario, en su condición de perito psicólogo y perfilador profesional, realiza un análisis profundo y exhaustivo de la mente de seis asesinos colombianos. Uno de ellos, Rafael Uribe Noguera.
El 4 de diciembre de 2016, Colombia se estremeció con el caso del asesinato de la pequeña Yuliana Samboní. Recuerdo algunos titulares, algunos comentarios, pero nada más. Creo que aún era muy joven e ingenuo como para comprender la magnitud del acontecimiento. Curiosamente, estamos próximos a cumplir diez años de aquel 4 de diciembre.
Aunque Belisario describe con detalle los pormenores del caso, en especial las peculiaridades del asesino, un pequeño apartado dentro del acontecimiento llamó mi atención: el caso de Fernando Merchán Murillo, vigilante del edificio Equus 66 (donde ocurrieron los hechos) en aquel trágico 4 de diciembre de 2016.
Fue señalado desde los primeros momentos de la investigación como una persona cuya posible participación debía esclarecerse. Aunque el guarda de seguridad insistió en su inocencia, Belisario asegura que nadie le creyó. De hecho, enfatiza que ni siquiera se intentó comprenderlo.
Merchán aseguró en su momento que no notó nada extraño cuando el vehículo de Rafael Uribe Noguera ingresó al edificio. Una declaración con la que pretendía desvincularse de cualquier responsabilidad en el caso. Aun así, su versión fue cuestionada por informaciones que Belisario relaciona con lo que llama un «linchamiento mediático». Algunos medios difundieron declaraciones de las autoridades que contradecían el testimonio de Merchán y alimentaban las sospechas sobre su posible participación en los hechos.
Belisario aclara que, aun antes de que existiera una decisión judicial sobre la responsabilidad del vigilante, había comenzado una forma de «demolición simbólica». La sociedad, en esa curiosa costumbre de vestirse de jurado para dar un veredicto, necesitaba encontrar algún culpable al cual condenar. A este fenómeno Belisario lo llama «tribunal social».
En este sentido, el psicólogo habla de una ausencia de humanidad. La sociedad, impulsada por un deseo febril de venganza y odio, habría condenado públicamente a un presunto implicado sin esperar a que su responsabilidad quedara establecida judicialmente.
Cinco días después del asesinato de Yuliana Samboní, el 9 de diciembre de 2016, Fernando Merchán fue encontrado muerto en el baño de su casa, ubicada en el sector de Castilla, en el suroccidente de Bogotá. Tenía 58 años.
Dejó una nota dirigida a sus familiares en la que pedía perdón por lo ocurrido, afirmaba su inocencia y expresaba que no quería regresar a la cárcel.
Fernando Merchán Murillo, portero y vigilante del edificio donde ocurrieron los hechos, era considerado uno de los testigos claves del caso, ya que tenía control del acceso al edificio y mantenía el registro de las entradas en la minuta.
Una de las posibles razones por las cuales el vigilante fue considerado una pieza importante de la investigación se relaciona con las declaraciones del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien informó sobre posibles alteraciones de la escena del crimen. Por esta razón, la investigación no se enfocó exclusivamente en Rafael Uribe Noguera, sino también en otras personas cuya eventual participación debía esclarecerse.
El 26 de diciembre de 2016, según relata Belisario, una de las hijas de Fernando Merchán, Karen Lorena Merchán, lo contactó directamente para que, en su condición de psicólogo, realizara una autopsia psicológica de su padre.
Este procedimiento busca reconstruir aspectos de la personalidad, el estado mental, las circunstancias emocionales y el estilo de vida de una persona antes de fallecer, con el propósito de comprender mejor los factores que pudieron influir en su muerte.
Belisario recopiló fotografías, documentos y entrevistas con familiares y amigos cercanos para reconstruir lo que él llama «su historia vital» y tratar de aclarar las razones que pudieron influir en su decisión.
Como resultado de su análisis, no encontró elementos que, desde su perspectiva, permitieran describir a Merchán como un cómplice o encubridor de un asesinato. En su lugar, presenta a un hombre «profundamente vulnerable».
Según su interpretación, Fernando cargaba con una estructura psíquica frágil. Presentaba ciertos rasgos depresivos, un temperamento taciturno y melancólico, además de una experiencia que parecía una herida aún abierta y sangrante.
Fernando había pasado una larga temporada en la cárcel. Seis años privado de la libertad por un proceso relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes.
Lo más dramático del asunto es que, según se detalla en el libro, Belisario atribuye aquella condena a un supuesto «error».
¿Qué tipo de error?
No se sabe. No se describe.
Uno puede preguntarse, dadas las características del sistema judicial del país, si se trató de una confusión o de una situación en la que el más vulnerable, el más indefenso y el más desprotegido terminó llevando la peor parte.
Sin embargo, esa posibilidad no equivale a demostrar que existió un error judicial. Los antecedentes conocidos dan cuenta de una condena que fue confirmada en segunda instancia, mientras que la familia sostuvo una versión diferente sobre la responsabilidad de Merchán.
Evidentemente, este detalle cambia mucho las cosas.
Pagar por un delito que uno no cometió debe representar una de las mayores injusticias que puede enfrentar una persona. No es para menos.
Belisario considera que aquella experiencia carcelaria marcó a Merchán de manera profunda. Según su relato, el hombre se había prometido jamás volver a pisar una cárcel.
Sin embargo, los hechos y las circunstancias del caso Yuliana Samboní planteaban, una vez más, esa posibilidad.
Todo esto, de acuerdo con el análisis del psicólogo, habría afectado gravemente su estructura emocional. De esta manera, Belisario concluye que su muerte no puede interpretarse como un acto impulsivo aislado. Habla de un desenlace que también podría entenderse como consecuencia de una victimización secundaria severa.
Atribuye un papel importante a la estigmatización pública, la presión social y el temor de Merchán a ser absorbido nuevamente por un sistema judicial que, desde su percepción y la de su familia, ya lo había perjudicado en el pasado.
Finalmente, Belisario sostiene que la familia de Merchán no tuvo posibilidad alguna de reivindicación. Tampoco encontró una forma de «reparación simbólica», dadas las circunstancias.
Habla de un silencio.
Un silencio incómodo, un tanto conveniente y conformista. Evidencia, desde su perspectiva, de cierto grado de indiferencia y apatía de una sociedad que lo condenó y juzgó a partir de sospechas.
Olga Merchán, hijastra de Fernando Merchán, expresó en declaraciones atribuidas a una entrevista con W Radio que el comportamiento de su padrastro cambió drásticamente durante los días posteriores a la muerte de la niña. Según su testimonio, se encontraba muy triste y tenía dificultades para comer y dormir.
De igual forma, reafirmó el temor del hombre a regresar a la cárcel por un hecho del que se consideraba inocente.
Además, sostuvo que la presión generada por las declaraciones públicas, las informaciones erradas en redes sociales y algunos medios de comunicación había contribuido al deterioro de su estado emocional. Desde su perspectiva, la muerte de su padrastro había sido «inducida» por esas circunstancias.
Estas declaraciones recalcan no solo la inocencia que Fernando Merchán sostuvo respecto al caso Yuliana Samboní, sino también la interpretación de su familia sobre el papel que pudieron desempeñar los medios, las informaciones falsas y la condena mediática.
De cierta forma, esa interpretación les atribuye responsabilidad moral en una muerte que, como plantea Belisario, quedó fuera del expediente principal.
Sin embargo, se trata de una explicación de la familia y del psicólogo que no debe confundirse con una conclusión judicial o médico-legal sobre las motivaciones de Merchán.
Si uno se atreve a investigar un poco más, puede encontrar información y declaraciones que hacen de contrapeso a lo anteriormente descrito.
El 13 de diciembre de 2016, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó públicamente que Fernando Merchán habría tenido conocimiento de lo que sucedía en el apartamento donde ocurrió el crimen.
Según la Fiscalía, el guarda de seguridad no habría informado oportunamente a las autoridades y, al ser interrogado, habría ofrecido información que no coincidía con otros elementos de la investigación.
Las principales razones que alimentaron las sospechas de los investigadores se relacionaban con ciertas incongruencias entre sus declaraciones, los tiempos y los detalles recopilados en los registros de entrada y las grabaciones de las cámaras de seguridad.
En este sentido, las declaraciones del fiscal no surgieron de la nada: estaban relacionadas con elementos que las autoridades afirmaban haber recopilado. Sin embargo, esos señalamientos no constituyen por sí mismos una demostración judicial de culpabilidad.
Un artículo publicado el 12 de diciembre de 2016 por El Tiempo recogió declaraciones de Luis González, entonces director de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana. Según el funcionario, los investigadores encontraron inconsistencias entre el testimonio del vigilante, las grabaciones de seguridad y la minuta de entrada al edificio.
En este registro aparecía consignado el ingreso de los hermanos de Rafael Uribe Noguera el 4 de diciembre, alrededor de las 3:40 de la tarde.
La anotación mencionaba a Catalina Uribe y a Francisco Uribe, así como las circunstancias de su llegada al apartamento.
La Fiscalía cuestionó la correspondencia entre ese registro, las imágenes de seguridad y otros elementos de la investigación relacionados con los hechos.
Por su parte, Caracol Radio, en un artículo publicado el 13 de diciembre de 2016, informó que el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguraba que las evidencias recogidas indicaban que el vigilante había dado información falsa y que conocía aspectos de lo ocurrido en el apartamento de Rafael Uribe Noguera.
Martínez afirmó que Merchán tenía conocimiento de lo que sucedía en el piso donde ocurrió el crimen y que sus declaraciones y anotaciones en la minuta no correspondían a la realidad, según la interpretación de los investigadores.
Otro artículo publicado el 14 de diciembre de 2016 por El Tiempo recogió información de la investigación según la cual el vigilante habría abierto la puerta del parqueadero a Rafael Uribe Noguera. De acuerdo con esa versión, existía la posibilidad de que hubiera visto a la niña cuando se encontraba en el sótano.
También se mencionaron imágenes de seguridad en las que, al parecer, Merchán subía en varias ocasiones al piso del apartamento de Uribe Noguera. Sin embargo, no se logró establecer si ingresaba o no a la vivienda.
De igual forma, el artículo señaló que, cuando Merchán fue interrogado por la Fiscalía, habría negado que Uribe estuviera en el lugar donde murió Yuliana.
Un artículo publicado por El Heraldo informó que Fernando Merchán, en un principio, no habría permitido la entrada al apartamento a los hermanos de Rafael Uribe Noguera, aparentemente por orden del mismo Rafael.
Según esa publicación, esta decisión desencadenó una discusión con Catalina Uribe, de la cual varios vecinos habrían sido testigos.
Además, el medio recogió versiones según las cuales Fernando habría presenciado cómo uno de los hermanos de Rafael rompía una ventana para ingresar al apartamento. También se mencionó que el vigilante habría llevado un domicilio de bebidas energizantes al lugar.
Estas informaciones permiten comprender por qué la Fiscalía mantenía abiertas preguntas sobre el papel de Merchán en los acontecimientos. No obstante, es necesario distinguir entre las versiones difundidas durante una investigación y los hechos establecidos mediante una decisión judicial.
Las pruebas relacionadas con la muerte de Fernando Merchán también ayudan a esclarecer algunos aspectos.
Según el entonces director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, la muerte de Merchán se produjo por una hipoxia severa, es decir, una falta grave de oxígeno, asociada a varios factores, entre ellos las lesiones que presentaba, el efecto de un medicamento antidepresivo y una asfixia posicional.
Medicina Legal concluyó que se trató de una muerte con características de suicidio.
El Tiempo también publicó información sobre las pruebas practicadas por los investigadores, entre ellas un análisis de escritura realizado por el CTI. Según lo divulgado, la caligrafía de la nota encontrada junto al cuerpo correspondía a la utilizada por Fernando Merchán en los registros de sus turnos en el edificio.
Por otra parte, un artículo publicado por Caracol Radio el 12 de diciembre de 2016 ofreció detalles sobre la experiencia de Fernando privado de la libertad.
En 1996, Merchán fue capturado durante un operativo de la Policía contra el tráfico de drogas en Bogotá. Un año después, el 14 de octubre de 1997, fue condenado a seis años de prisión por un delito relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes.
Fernando apeló su condena. En 1998, el Tribunal Superior de Bogotá la confirmó.
Posteriormente, el 21 de abril de 2004, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declaró la prescripción del delito y ordenó su libertad.
La familia de Fernando sostuvo que su abogado, ante las dificultades para demostrar la inocencia que el hombre alegaba, le habría recomendado aceptar responsabilidades con el propósito de obtener una reducción de la pena.
Esta versión familiar no modifica por sí sola el hecho de que existió una condena judicial, pero permite comprender la manera en que sus allegados interpretaban aquella experiencia.
Puede que las evidencias confirmaran la causa de muerte que Medicina Legal estableció (suicidio). Sin embargo, para un familiar, una esposa, una madre o una hija, no existe razón o lógica que aclare lo acontecido. Ni todas las evidencias ni las declaraciones de expertos pueden persuadir de lo contrario a lo que el alma o el corazón sugieren.
¿Qué experimentó concretamente Fernando en esos seis años en la cárcel que lo traumatizaron tanto? ¿Fue realmente la presión social y mediática la razón que lo impulsó a cometer suicidio? ¿Fueron las evidencias que las autoridades descubrieron y que lo comprometían cada vez más con el asesinato de Yuliana las que lo motivaron a tomar la decisión que tomó y así evitar su regreso a la cárcel?
En este sentido, puede que Belisario, en ese contacto directo con la familia, descubriera un hecho que a los expertos se les escapó en su momento y que sirve de sustento para sugerir que aquel «tribunal social», conformado principalmente por cierto tipo de personas «irreprochables» que juzgan, actúan y critican como si nunca hubieran tenido un pensamiento malintencionado, fuera el fundamento de esa muerte que está escondida detrás del caso Yuliana Samboní.
AUTOR: JULIÁN DAVID RINCÓN RIVERA (COLOMBIA)
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Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición institucional de Escritores Rebeldes.
Julián David Rincón Rivera, segundo de dos hijos, nacido en Bogotá, Colombia el 7 de abril de 1994. Profesional de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Lector apasionado, escritor por elección, músico por diversión.
Cuenta con tres publicaciones antológicas con la editorial ITA, además de dos publicaciones en proceso, también de carácter antológico, con factor literario y la editorial mítico.
Con varias publicaciones en revistas de américa latina, encuentra en la escritura el mejor sustento para su vida.
Instagram: @relatero_literal
